Desarrollo integral a nivel nacional, como señala la Constitución Política implica resolver temas de carácter institucional, territorial y de diseño de espacios territoriales que aseguren un desarrollo sostenible.
Tenemos establecidos más de 2 mil municipalidades distritales, 198, provincias y 26 gobiernos regionales, asentados en los departamentos, que las diversas posturas ideológicas: Haya de la Torre, Mariátegui y Víctor Andrés Beláunde (Realidad Nacional) desde el siglo pasado señalan que estas circunscripciones que son acuerdos políticos no aseguran el desarrollo.
Con la descentralización, se estableció un Estado subsidiario, donde la autoridad más cercana al ciudadano (GR o GL) o al problema público debería resolverlo, pero sin capacidades de gestión. Estos gobiernos subnacionales realizan planes de desarrollo concertado que no corresponden con la realidad y sin mirar el territorio, o tratando de hacer alianzas con departamento vecinos por donde discurre la dinámica de al economía. En Apurímac, por ejemplo, Abancay y Andahuaylas tienen más lazos con Ayacucho,; mientras las zonas mineras de Cotabambas, Antabamba y Grau miran hacia el Cusco. Son corredores económicos distintos.
En este escenario, donde cambiar el estado descentralizado es un tema muy complejo, tocaría pensar el desarrollo desde los provincial, donde es posible articular de mejor modo corredores económicos que aseguren la sostenibilidad del desarrollo, a partir de planes estratégicos de desarrollo elaborados, realmente de manera participativa.