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Se considera la reservas minerales, los niveles actuales de explotación, la opinión de los agentes sobre la facilidad para acceder a dicho potencial, años hasta agotamiento y los recursos dirigidos a cada país para exploración minera. Se seleccionaron los once principales minerales para el comercio mundial: oro, carbón, cobre, hierro, aluminio, platino, zinc, plata, níquel, plomo y cobalto. Para la opinión de los agentes, se consideró el “Annual Survey of Mining Companies, 2018” elaborado por Fraser Intitute; mientras que, para los recursos dirigidos a la exploración se utilizó la información recopilada por S&P Market Intelligence.

Se desarrolló una consolidación numérica de los principales tributos y cargas especiales directas que se aplican más frecuentemente al sector minero en los 6 países: impuesto a la renta, impuesto a las sobreganancias, participaciones de los trabajadores en las utilidades, regalías, derechos de vigencia y derechos de tramitación; asimismo, se incluyeron algunos beneficios tributarios tales como la depreciación acelerada y la devolución anticipada de IVA; esto, con el objetivo de determinar los distintos esquemas tributarios empleados. Finalmente, se estimó la rentabilidad promedio que obtendría el accionista en cada país luego de aplicar el esquema tributario correspondiente; tomando el proyecto Quellaveco como caso de análisis para los 6 países.

Se analizaron 4 grupos de variables. En primer lugar se cuantificó el stock actual de infraestructura de transporte esencial para la minería: vías carretas, vías férreas y puertos. En segundo lugar, se recopiló información sobre las características geográficas de cada país: área en Km2, altitud promedio sobre el nivel del mar y distancia media respecto a la línea costera, entre otros. En tercer lugar, se recopiló información sobre el costo de la energía en términos del precio del diésel y la tarifa eléctrica media de usuarios en gran tamaño. Finalmente, se compilaron indicadores ligados a la calidad y costo de la infraestructura de transporte.

Debido al amplio número de regulaciones en las diferentes etapas de la vida útil de un proyecto minero, se puso énfasis en aquellas que afectan la etapa previa al inicio de la operación comercial. Las variables medidas fueron: el número de instituciones que deben opinar para la aprobación de un permiso y el plazo legal. Asimismo, para reducir las diferencias que existe entre los plazos que se indican en las regulaciones y lo que ocurre en la realidad, se incorporaron indicadores cualitativos como la calidad del marco institucional vigente del “Reporte de Competitividad Global 2018”. Finalmente, se hizo una análisis de las tablas de infracciones y multas de la autoridades medioambientales y se utilizó el valor máximo de una potencial multa para cuantificar el riesgo de sanción.

Se decidió evaluar el entorno social que enfrenta el sector minero en cada país. Para ello se realizó una aproximación a través de factores socioeconómicos tales como: PBI per cápita, el porcentaje de población rural y el Indicador de Desarrollo Humano (IDH). Además, se analizó la seguridad jurídica de cada país a partir de indicadores relevantes realizados por organizaciones internacionales como el “Global Justice Proyect”. Finalmente, se analizó la muestra de países que se han adherido al Convenio N° 169 de la OIT, a partir del cual se formuló la Ley de Consulta Previa.