Sentar las bases para el aprovechamiento responsable y sostenible de los minerales que nos da el territorio peruano es una tarea impostergable. Más aún en estos momentos de crisis, pero manteniendo el objetivo claro de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El rol dinamizador de la actividad minera, como punto de apoyo de otros sectores económicos, convierte en urgente e indispensable la implementación de acciones como las que fueron plasmadas hace 9 meses en los cinco ejes del informe de la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible, conformada por un grupo de profesionales de diverso enfoque que llegaron a consensos valiosos para el sector. Esperamos que este esfuerzo no se pierda y el gobierno de transición tenga la sabiduría para dar impulso y acelerar estas iniciativas. 

Como hilo conductor de estas propuestas de agenda queremos resaltar la necesidad del rol descentralizado que debe cumplir el Gobierno Nacional, teniendo presencia en los territorios donde se desarrolla la minería, con el fin de generar confianza en el cumplimiento de la normativa y de los compromisos que se adquieren, constituyéndose en un interlocutor proactivo que evite el escalamiento de conflictos. 

En el Eje 1, que trata del Entorno Social, se identificó la necesidad de contar con políticas territoriales que permitan garantizar servicios públicos básicos y generar oportunidades económicas. Siguiendo una lógica innovadora con enfoque desde el ciudadano, la Comisión propone generar un proyecto piloto liderado por el Gobierno Nacional, que promueva el desarrollo sostenible en una zona específica, atendiendo sus necesidades. 

Esta propuesta puede ser repotenciada si se institucionaliza y profundiza intersectorialmente el enfoque territorial de los Comités de Gestión, que viene impulsando el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con la finalidad de promover y hacer seguimiento al aprovechamiento de los recursos públicos generados por la minería. Es clave dar un paso más para que en este espacio participen también otros sectores, en especial la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), así como los Gobiernos Regionales y Locales. 

Siguiendo una lógica innovadora con enfoque desde el ciudadano, la Comisión propone generar un proyecto piloto liderado por el Gobierno Nacional (…). Es clave dar un paso más para que en este espacio participen también otros sectores, en especial PCM y MINAM, así como los Gobiernos Regionales y Locales.

En relación con el Eje 2 de Gestión Ambiental, la Comisión ha identificado la importancia de dos puntos clave: la evaluación temprana, que podría ser también acompañada por los Comités de Gestión intersectoriales señalados líneas arriba; y la priorización de la remediación de pasivos ambientales existentes, para lo que propone fortalecer a Activos Mineros SAC (AMSAC ), empresa pública que comparte responsabilidades con el MINEM en esta tarea. 

La remediación requiere un enfoque integral para avanzar decididamente en la solución de los pasivos ambientales existentes que, con toda razón, es exigida por los ciudadanos que conviven con ellos. Para ello, durante el 2019 el MINEM creó el Programa Nacional de Gestión de Pasivos Ambientales Mineros y de Hidrocarburos, que comprende la identificación y priorización de los pasivos a remediar, el impulso a la normativa necesaria que considere la generación de los recursos que se necesitan, la identificación de medidas de mitigación que deben implementarse mientras se avanza con la remediación, y finalmente, la promoción del reaprovechamiento económico de dichos pasivos, como una forma de solucionar la mitigación y remediación. Este Programa Nacional, dada la responsabilidad y necesidad de una priorización política, debe ser acompañado por el MINAM, AMSAC, entre otras instituciones privadas y públicas. 

En el Eje 3, sobre Mejora Regulatoria, se ha identificado un exceso de normativa aplicable al sector, que le resta competitividad para su desarrollo, encontrándonos en desventaja con los demás países líderes en minería. Este problema se da especialmente en la actividad de exploración, lo que afecta la identificación de futuros yacimientos que son los que permitirán continuar con la generación de los recursos económicos que requiere nuestro país para su desarrollo. 

Por ello, la Comisión ha propuesto un nuevo modelo regulatorio en la fase de exploración, respecto a lo cual el MINEM viene avanzando, por lo que se espera que este se pueda empezar a implementar en el más breve plazo. Adicionalmente, entre otras iniciativas, ha propuesto la creación de una Ventanilla Única (física y virtual), con la finalidad de simplificar y unificar trámites. Para ello es necesario continuar con la iniciativa de Ventanilla Única Digital, creada en septiembre del 2019 mediante DS 016-2019-EM, luego de un proceso que tomó cerca de un año y en la que se planteó la reducción de plazos y permite a la administración y a los administrados conocer el estatus de las autorizaciones en trámite, brindando además transparencia a los mismos.

En referencia al Eje 4 sobre Aporte Fiscal y Uso de los Recursos Mineros, se propone implementar un formulario electrónico de registro de ventas y de impuestos, por unidad minera, con la finalidad de asegurar la transparencia de esta información que usualmente es requerida por ciudadanos de las zonas de influencia. A su vez se ha confirmado la deficiente distribución y uso de los recursos económicos recaudados de la minería, proponiéndose que estos recursos se distribuyan de acuerdo a planes de desarrollo territorial, priorizándose su uso en el cierre de brechas y no según la cercanía al proyecto minero. Para implementar esta recomendación, los Comités de Gestión antes referidos, podrían impulsar los planes de desarrollo y con ello el mejor aprovechamiento de los recursos que aporta la minería. De ahí la importancia de que sean intersectoriales.  

Otro tema que la Comisión ha identificado es la necesidad de contar con adelanto de transferencias para el cierre efectivo de brechas en zonas de influencia de futuros proyectos mineros. Esta necesidad puede ser rápidamente atendida, mediante la aplicación del Fondo de Adelanto Social (FAS), cuyos ingresos y resultados deben ser transparentados por MINEM de manera permanente. 

Se ha confirmado la deficiente distribución y uso de los recursos económicos recaudados de la minería, proponiéndose que estos recursos se distribuyan de acuerdo a planes de desarrollo territorial, priorizándose su uso en el cierre de brechas y no según la cercanía al proyecto minero y la necesidad de contar con adelanto de transferencias para el cierre efectivo de brechas en zonas de influencia de futuros proyectos mineros

Finalmente el Eje 5, sobre Minería Informal e Ilegal. En relación a la minería pequeña y artesanal informal, la Comisión propone un nuevo enfoque más integral, con un  acercamiento diferenciado, que reconozca las realidades de los territorios donde se desarrolla. Asimismo resalta las dificultades de los Gobiernos Regionales para ejercer sus competencias, los requisitos por mejorar en costo y tiempo; para lo cual se recomienda que el MINEM elabore una propuesta de Política Nacional Multisectorial. Entendemos que se viene avanzando en la elaboración de esta Política, la cual como se ha mencionado, no debe orientarse sólo a lograr la titulación de más mineros pequeños y artesanales, sino que se logre una formalización efectiva, que realmente se integren a la economía nacional, contribuyendo con el desarrollo de sus territorios y cuidando el ambiente y la seguridad de quienes realizan la actividad; así como lograr beneficios en la reducción de los costos de la cadena de suministros, pudiendo adquirirlos en el mercado formal a precios más competitivos. Aquí AMSAC, podría cumplir un rol importante y proactivo, similar al de ENAMI en Chile, organismo público encargado de dar soporte a los pequeños mineros de ese país.

En relación con la minería ilegal, la Comisión considera que la lucha contra ésta, debe ser similar a la que se realiza contra otras actividades ilegales que se desarrollan en el país. 

En el informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, se encuentra más detalle de estas iniciativas y otras adicionales, no obstante hemos querido resaltar las que hemos mencionado dado que varias de estas ya se encuentran encaminadas, de tal forma que se podrían implementar en plazos más cortos. 

La demora en el avance de proyectos mineros y la conflictividad que siempre está latente, puede ser reducida sólo si empezamos a hacer las cosas de manera diferente, atendiendo los problemas identificados desde tiempo atrás y corroborados de manera técnica e independiente por la Comisión. Impulsar y acelerar las iniciativas son la agenda ya planteada para el gobierno de transición. En el Perú y en el sector minero no hay que redescubrir la pólvora, sino trabajar con determinación y a paso rápido sobre lo que ya sabemos que se debe solucionar y cómo, para mejorar los resultados que se han tenido hasta la fecha en beneficio de nuestro país.